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Los policías municipales rodearon el autobús, lanzaron gas lacrimógeno, pincharon las llantas y obligaron a los estudiantes a que se bajaran.
Uno de los oficiales dijo: “Los vamos a matar a todos”, según el testimonio del conductor del autobús. Otro policía se dirigió a él y le dijo: “A ti también”.
Mientras tanto, un oficial de inteligencia militar lo veía todo. Y cerca de donde sucedía había agentes de la policía estatal y la federal. A los estudiantes los subieron a vehículos de la policía y desde entonces no se ha sabido nada de ellos.
Se trataba de varios de los 43 estudiantes desaparecidos en el caos de una noche violenta de septiembre de 2014 en Iguala, un caso cuyo contexto —no se conoce aún el motivo de la desaparición— es cada vez más cuestionado. Sobre todo después de que una comisión de expertos extranjeros lo haya examinado durante más de un año.
Pese a los obstáculos que el gobierno ha puesto al caso desde hace meses, los dos informes del grupo de expertos extranjeros —el segundo fue publicado el domingo— son el relato más detallado de los hechos de aquella noche, que dejaron seis muertos además de los 43 desaparecidos, y decenas de heridos.
El informe describe una noche de confusión y terror para los estudiantes y los habitantes de la ciudad, y una recolección de personas, con una metodología casi clínica, llevada a cabo por las fuerzas de seguridad que operaban en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, uno de los más pobres y violentos de México.
El gobierno ha detenido a 123 personas entre las que hay 73 policías municipales. Los acusa de vínculos con el crimen organizado por lo sucedido aquella noche; de trabajar para la organización Guerreros Unidos, pero no han sido capaces de dar con el motivo de su comportamiento.
Los jóvenes desaparecidos eran estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, una escuela de maestros con una larga trayectoria de activismo situada en Ayotzinapa.
Estaban entre el centenar de estudiantes que habían ido a Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 para secuestrar varios autobuses. Solían hacerlo cada vez que necesitaban trasladarse a un evento y los devolvían una vez finalizada la actividad. Tanto las empresas como las autoridades toleraban esa práctica.
El plan para la salida de esa noche era asegurar los autobuses e ir a la capital del país para participar en una marcha de recuerdo de una masacre estudiantil en 1968.
Se desplazaban en dos autobuses que habían requisado antes. Se estacionaron en una de las calles de entrada a la ciudad y esperaron para interceptar más vehículos.
Uno de los estudiantes dijo, según el primero de los informes del grupo de expertos, que “estábamos todos contentos, relajados y jugando con los choferes”. Ese informe fue elaborado a partir de entrevistas con los supervivientes, fuerzas de seguridad e informes de un centro de mando público con la participación de varias instituciones.
Pero las fuerzas de seguridad de la zona estaban al tanto de los planes de los estudiantes. La policía federal situó varias patrullas cerca de los estudiantes, y el centro de mando local que hacía la conexión entre las policías federal, estatal y municipal así como con el ejército, mantenía a los estudiantes vigilados.
A las 20:15, los estudiantes detuvieron y abordaron el primer autobús, que estaba frente a un restaurante. El conductor ya sabía qué hacer en caso de que los estudiantes reclamaran el autobús. Debía quedarse en el vehículo para garantizar que se devolvía.
El chofer dijo que necesitaba hacer una parada en la terminal de autobuses de Iguala antes de conducir rumbo a Ayotzinapa. Pero una vez en el lugar, sorprendió a los estudiantes y los dejó encerrados en el vehículo.
Sobre las 21:15, los estudiantes que se desplazaban en otros dos autobuses llegaron a la terminal y liberaron a sus compañeros. El grupo requisó tres autobuses más y dejó atrás uno que no tenía conductor. Los cinco autobuses se fueron rumbo a Ayotzinapa, tres de ellos por la salida norte de la ciudad, dos por la salida sur.
Y comenzó el tiroteo.
